Semiótica del Poder
Octubre 28 de 2001
¿La 'manzana de Blancanieves'?
 
Por Pablo Espinosa Vera

El Gobierno de Fox, además de frívolo y simulador, es excluyente e intolerante. Ejemplo de lo anterior lo representa la ‘parodia’, montada grotescamente por la Secretaría de Gobernación, en torno a la ‘Ley de Acceso a la Información’, verdadera ‘manzana de Blancanieves’ o manzana de la discordia y tema molesto para los foxistas que lo menos que les interesa es transitar al espacio de las prácticas democráticas (“¿permitir que un ‘Juan Pérez’ o un Juan Ciudadano cualquiera venga a hurgar documentos oficiales o que se apersone en reuniones de ‘top secret’ donde se discuten políticas públicas y se toman decisiones de alto nivel, como la relacionada con la ubicación del nuevo aeropuerto en Texcoco? ¡nunca!”)y, mucho menos, escudriñar en el pasado, como lo ha demostrado el propio Fox al evadir la creación de una ‘Comisión de la Verdad’ que aclare crímenes que no deben prescribir por ser de lesa humanidad remontándonos hasta el ’68 (como parte de las ‘puestas en escena’ para las ocho columnas de los periódicos, Santiago Creel anunció el 2 de octubre, entre bombos y platillos y con todos los reflectores encima, la ‘apertura simbólica’ de los archivos del CISEN, pero en forma selectiva y sospechosa: únicamente se autorizaba el acceso a miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya conoce dichos documentos, y a la PGR que nunca ha tenido problemas, les basta la orden de un juez para acceder a dichos archivos. Indignadas por el acto demagógico y oportunista del jefe de la política interior,  varias ONGs exigieron se abrieran dichas ‘memorias’ a la ciudadanía en general, además de requerir el acceso a los archivos de la SEDENA donde podría haber indicios, antecedentes y ‘huellas’ en torno a desaparecidos políticos, peticiones justas y realistas a las que se negó el funcionario, of course!: “¡Así no juego!”).

Reglamentar el derecho a la información, adicionado al artículo 6º. Constitucional desde diciembre de 1977, es imperativo para contar con un marco legislativo que permita ejercer y exigir la ‘rendición de cuentas’ por parte de la ciudadanía  (que asumiría el rol de ‘Contraloría Ciudadana’ ante varios casos y situaciones obtusas) incluyendo a los servidores públicos de todas las instancias del Poder e incluso a partidos políticos por ser entidades de carácter público. Durante su comparecencia en el marco de la X Conferencia Anti-corrupción realizada en Praga, el Presidente Fox destacó que, además de la ausencia de un marco legislativo para prevenir y castigar actos de corrupción  “....nos hace falta contar con un mecanismo cívico para ejecutar el control de lo que hace el Gobierno y el Estado para poder castigar la corrupción cometida por empleados del Estado”.

Pero el problema, en el ámbito de la realpolitik, es de coherencia entre el decir y el hacer. Al régimen no le conviene darle elementos o ‘armas’ a la sociedad (la información es poder) para convertirla en una especie de ‘Gran Fiscal Social’, que es el fin último de una ley de acceso a la información, la que solo pueden revisar, y con dificultad, los miembros del Congreso y representantes del Poder Judicial, y la que difícilmente (a excepción de ser ‘filtrada’) llega a los medios y a la opinión pública, por lo que se desconocen las estructuras subyacentes de grandes affaires que se han convertido en símbolos negativos afectando a la nación y a la vida social en su conjunto, dando paso a la impunidad y a toda clase de arreglos y negociaciones bajo la mesa (¿ejemplos? El caso Fobaproa, que ni el Informe Mackey ha logrado aclarar a detalle, y los ‘crimenes de Estado’ –Colosio y Ruíz Massieu- sepultados por la ‘hermenéutica oficial’, igual que sucedió con los extraños “suicidios” del Subsecretario de la SECOFI Raúl Ramos Tercero, involucrado en las concesiones del Renave concedidas a Ricardo Miguel Cavallo, ahora reo de la justicia española, y el del ex Oficial Mayor de la PGR y amigo de todas las confianzas del entonces Procurador Jorge Madrazo Cuéllar, Juan Manuel Izábal, a quien se le encontraron valores y cientos de miles de dólares ocultos en una caja de seguridad de Citibank provenientes, así se infiere, del narcotráfico y del lavado de dinero).

A priori, rechaza la Presidencia propuesta inteligente del ‘Grupo Oaxaca’

Argumentando una serie de ‘considerandos’, y por medio de un escrito de 6 páginas ‘firmado’ por el Gobierno Federal que involucra a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y a la SECODAM se rechazó, en forma contundente, la propuesta realizada por el llamado “Grupo Oaxaca”, formado por instituciones académicas de toda la República y por representantes de más de 80 periódicos, así como por miembros de ONGs cancelando, de entrada, toda posibilidad real de participación social en la construcción de armas legales contra ‘El Poder’ (sic). (Para este grupo, el ‘derecho a la información’ significa “...aquel que por naturaleza corresponde  a toda persona, de saber y tener acceso a la información pública”). En el faccioso texto oficial, titulado “Comentarios Críticos a la Propuesta de Ley Federal de Acceso a la Información Pública”, refiriéndose a a la iniciativa de ley que el “Grupo Oaxaca” entregó a diputados federales el 11 de octubre de 2001, se señala que “...la ley carece de definiciones generales lo cual genera inseguridad jurídica al emplear términos que permiten múltiples interpretaciones” (espacio de la semiótica), para agregar que “...en general, la ley establece aspectos que la harían en la práctica inoperante. Se destaca el poco conocimiento que refleja el proyecto en materia de gestión documental, creación y desarrollo de infraestructura (se sugiere crear el Instituto Nacional de Acceso a la Información), capacitación de personal, entre otros”.

Sergio Elías Gutiérrez Salazar, analista político y miembro del grupo en ciernes, además de catedrático de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, experto en Derecho Constitucional (ha publicado varios libros) y editorialista del periódico El Norte comentó que “...es una contradicción que el gobierno federal invite a una consulta ciudadana sobre el derecho a la información y, antes de que esta inicie, se descalifique una propuesta elaborada por quienes han estudiado las mejores prácticas internacionales en la materia”, a lo que se sumó Ernesto Villanueva, catedrático de la Universidad Iberoamericana quien señaló que “...la eficacia del proyecto presentado descansa, en buena medida, en dos elementos básicos. Primero: las sanciones rigurosas a los sujetos obligados de la ley para informar. Segundo: en la existencia de un órgano colegiado autónomo nombrado por el Congreso de la Unión, que estaría precisamente encargado de hacer eficaz la ley resolviendo controversias”.

Tras vetar abruptamente la propuesta del “Grupo Oaxaca”, en  el texto detentado por el Gobierno Federal se observa, también, entre el cuerpo de argumentaciones que rechazan el  documento (compuesto por seis capítulos y 48 artículos) que está concebido con visión unidimensional (Marcuse) ya que “...se considera que la ley se limita tan solo a un aspecto del derecho a la información que es el de permitir el acceso a la misma. Sin embargo, no regula otros ámbitos de este derecho, como sería la responsabilidad de todo comunicador en caso de divulgar información que pueda provocar perjuicios a terceros” (¿a representantes del propio Gobierno Federal y hasta al propio Fox?).

Como en un acto de contricción, tras rechazar la voz de expertos y a la propia social intelligence, la Presidencia de la República, junto con la Secretaría de Gobernación y la SECODAM se apresuraron a convocar, iniciando el 25 de octubre en la ciudad de Monterrey, a una rimbombante “Consulta sobre transparencia y acceso a la información gubernamental” invitando a ciudadanos y a organizaciones a presentar propuestas en textos que no excedan 5 cuartillas, en disco magnético y formato de texto. Los siguientes foros serían en Guadalajara, Veracruz y la Ciudad de México, y no tienen más finalidad que ‘legitimar’ acciones consumadas, por referirnos a la propia ley elaborada por estas instancias de Gobierno que sufren de total ‘ciudadanofobia’ (se destaca que el 10 de octubre se instaló en la Secretaría de Gobernación, como parte de las ‘puestas en escena’, el mecanismo oficial de consulta sobre el tema, que solo le dará cabida a su propio texto).

¿Enseñarle a “hacer ‘chiles’ a la Herdez?

En una pasada entrevista con José Luis Durán Reveles, Subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación y uno de los artífices de la ‘ley oficial’, éste aseguró, con relación al proyecto, que “...no estamos escatimando, no habrá albazo alguno. No estamos entrando de manera medrosa, calculada o convenenciera a diseñar esta ley, sino al contrario: estamos comprometidos con la apertura, la transparencia y la democracia”, tras asegurar, en actitud triunfalista que se apostaba a diseñar una ley “...vanguardista, de avanzada, que en América Latina sea punta de lanza por lo moderno, por lo abierta” (Reforma; 14-X-01). En fin, palabras, y nada más, elemento enunciatario superfavorito del que está construido el Gobierno y que lo sostiene en sí (los ‘hechos’ brillan por su ausencia, así como la logósfera de la tan cacareada DEMOCRACIA).

El albazo ya se dio. El brutal rechazo a la inteligente y razonada propuesta realizada por el “Grupo Oaxaca”, donde colaboraron destacados analistas y estudiosos del fenómeno de la comunicación quienes, a ciegas, superan a los fríos tecnoburócratas de la SEGOB y de la SECODAM (¿insisten, éstos, en enseñarle a hacer ‘chiles’ a la Herdez?, como se dice en argot coloquial), forma parte del primer capítulo de esta “ley de avanzada” de la que habla Durán Reveles. Y las ‘intenciones’ y ‘puntos de vista’oficialistas, que son los que dotan de sentido a los enunciados según la teoría semiótica de A. J. Greimás & Courtés, se han impuesto de nueva cuenta. Aunque la esperanza nunca muere y aún falta la ‘prueba de fuego’: el paso de la ley por el Congreso y su discusión y...¿aprobación? (¿fungirán como ‘aguafiestas’ los legisladores del PRI y del PRD, que mantienen cuentas pendientes con los foxistas?).

Una auténtica legislación, que reglamente el derecho a la información y a la libertad de expresión, garantías constitucionales contenidas en los artículos 6º. Y 8º. de la Constitución Política, deberá formar parte de toda praxis democrática, al margen de dobles lenguajes y de simulaciones perpetradas por representantes del oficialismo. ¿Estará a la altura, el Congreso, ante este nuevo affaire, que simboliza una gran oportunidad para dignificar a la Nación y a la Sociedad en sí ante la violencia de un Poder omnisciente y omnipotente, que se comporta igual a pesar de haberse cambiado de gorra, la del PRI por la del PAN?. Dentro de pronto lo sabremos, aunque la ‘Ley anti-Cocopa’ es un ominoso signo de lo que puede esperarse.     
                                                                                     

artículo siguiente >
Hosting por TuSite