Semiótica del Poder
Abril 21 de 2002
¡Ley de connotación democrática!
 
Por Pablo Espinosa Vera

Las dos Cámaras del Congreso que conforman la 58 Legislatura están virtualmente saturadas para desahogar, en tiempo récord, una agenda voluminosa que, sumando las ‘Leyes Secundarias’ y las ‘reformas Constitucionales’, dan un global de 544 iniciativas en ‘stand by’ (40 se refieren a la tautológica ‘Reforma del Estado’, la que difícilmente aterrizará). En este escenario, y a tres semanas de que concluya el actual Período Ordinario de Sesiones, algunos aún confían en que el proyecto de ‘Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia’, ejercicio sincrético de las tres principales propuestas presentadas y que se encuentra en dictamen en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados,  entrará a debate a tiempo y logrará ser aprobada por el Pleno antes del 30 de abril (‘Día del Niño’) lo que suena a ‘sueño guajiro’ considerando el ritmo de ‘cámara lenta’ y las propias prioridades del Poder Legislativo (una ley similar, remitida por el Ejecutivo del Estado de Sinaloa al Congreso local, con un texto considerado de ‘avant-garde’, está a punto de ver ‘humo blanco’ estableciendo el precedente de un ‘federalismo democrático a la inversa’: de la periferia al centro).

Dentro del discurso de la tan cacareada ‘transparencia’ en la información pública a la que, se presupone, accederá la ciudadanía mientras dicha información no esté dentro de la categoría de ‘reservada’ (léase: ‘top secret’) destaca un tópico que ha generado controversias entre distintos actores tras el ‘Pemexgate’, como lo es el de abrir al público los informes de ingresos y egresos anuales y de campañas de los diferentes partidos políticos, como lo dio a conocer hace una semana Alfonso Lujambo, presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE. Dichas partidas subsidiarias, que en el 2002 se estima serán superiores a los $2,000 millones de pesos y de más de $7,000 millones para el 2003, año en que se renovará el Congreso, son manejadas discrecionalmente por dichas organizaciones políticas, muchas de ellas convertidas en instancias patrimonialistas regidas por una familia (el caso del PVEM en poder de Jorge González y del “Niño Verde” y Senador de la República Jorge Emilio González Martínez)  además del PT apuntalado por Carlos Salinas de Gortari en beneficio de Alberto Anaya & Co., o por clanes, tribus y facciones que operan en los llamados ‘tres grandes’: PRI, PAN y PRD.

En opinión de Ernesto Villanueva, investigador de la UIA y miembro del ‘Grupo Oaxaca’ además de analista en ‘Proceso’, al considerar a los partidos políticos como organismos abiertos que reciben recursos públicos discrecionalmente sin informarle a la sociedad en detalle señala que “...los partidos tienen que rendir cuentas y de hecho rinden cuentas al IFE” tras subrayar que “...sin duda, los partidos políticos como entidades de interés público previstas en la Constitución son sujetos obligados de una ley de acceso a la información pública, no podrían estar fuera” enfatizando que “...uno de los elementos es que reciben recursos públicos, que es dinero de la sociedad, que tiene que ser clarificado. Una manera de saber quiénes tienen que dar cuentas es seguir un principio que en Estados Unidos se resume  en ‘follow the money’ o sea, sigue el dinero” (Reforma, 15-IV-02). En el mismo tenor están los comentarios de Carlos Arce, Director General de la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria (Cofemer) quien sostiene: “...implica una responsabilidad de informar o de poner a disposición de las autoridades correspondientes la forma en cómo gastan los recursos que el propio Estado mexicano pone a su disposición, esto significa un mayor conocimiento de los gastos de los partidos políticos, de los gastos que realizan con estos dineros públicos...el principio que se ha estado sosteniendo y matizando en la ley de acceso a la información es que todo dinero público es sujeto a la información gubernamental, saber qué se hace con él”

Logósfera de ‘corrupción institucionalizada’

En una virtual logósfera permeada por la ‘corrupción institucionalizad, ¿pasará un documento legal que acotará y violentará las ancestrales prácticas significantes, donde la complicidad es el común denominador, conformadas herméticamente al nivel de ‘top secret’ como lo es el caso del famoso ‘Pemexgate’ politizado y empantanado a pesar de la advertencia revanchista del propio Presidente Fox  hecha pública tras la negativa de la Cámara de Senadores para viajar a Estados Unidos y a Canadá  (“...y no crean que el caso PEMEX se nos quedó ahí guardadito, ¡ahí viene!”)...?” .

El destino de la flamante ley que, se supone, regulará el ‘derecho a la información’ consagrado en el último párrafo del Artículo 6º. Constitucional agregado casi al inicio del régimen de José López Portillo (“...el derecho a la información será garantizado por el Estado”) y del cual nunca se expidió la ley reglamentaria, es incierto e imprevisible. Simboliza un potencial ‘cascabel al gato’ que la sociedad intentará ponerle a toda clase de evasivos ‘felis catus’ (Thomas A. Sebeok) donde se incluyen, además de todas las instituciones  gubernamentales (PEMEX y la CFE en primer lugar) y de los propios partidos políticos , a ONGs, organizaciones filantrópicas (‘Vamos México’), universidades públicas, asociaciones de beneficencia privada, empresas ganadoras en licitaciones gubernamentales, medios de comunicación, agencias encuestadoras y de ‘consultoría política’, ‘pools’ de intelectuales orgánicos y una infinidad de instancias que eluden toda ‘rendición de cuentas beneficiadas ampliamente con dineros públicos en forma directa o discrecional (muchos apoyos se camuflagean vía viajes, servicios, dotación de vehículos, equipamiento de oficinas, pago de renta de locales o préstamo de inmuebles en comodato, inserciones periodísticas, financiación de eventos, etc.).

Aprobar el proyecto de ley, consensuado con la propuesta hecha por el ‘Grupo Oaxaca’ (periodistas representando a más de cien diarios y académicos de Universidades y Tecnológicos), por el Ejecutivo Federal (Presidencia, Secretaría de Gobernación y Cofemer incluyendo la ‘pasarela circense’ del proyecto elaborado por el Gobierno federal a través de tres grandes ‘consultas públicas’ escenificadas en Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal enfocadas a exponer el tema y el proyecto ante la sociedad promoviendo  el debate para ‘enriquecerlo’) y por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, se antoja aún lejano por la ‘infraestructura’ de intereses creados, pero un inesperado ‘golpe de timón’ del Legislativo, como los que sorpresivamente a protagonizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar a favor de la sociedad (abrir los archivos a la ciudadanía para llegar a la verdad en los crímenes del 68 y en la llamada ‘guerra sucia’ de los setenta y ochenta que involucra a un expresidente vivo: Luis Echeverría),  puede cambiar el rumbo y hacerle un gran favor a la democracia enfrentada al fantasma del ‘áncien régime’, cuyos códigos y sistemas de significación han sido adoptados y resemantizados por los foxistas.

¿Qué significa, para la Sociedad, tener acceso a la información pública?

Los países donde la democracia se ha enseñoreado (los de Europa occidental, en primer término), se caracterizan por poseer una moderna legislación en lo referente a la transparencia y conducta ejercida por instancias públicas sometidas al escrutinio de la sociedad, como sucede en España, Francia, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, etc. (Estados Unidos otorga este derecho, pero mantiene grandes ínsulas de información bajo el carácter de ‘reservada’, lo que también sucederá en México con la ley a dictaminar garantizándose dicho categoría de ‘top secret’ hasta por un período de 12 años, como lo consigna la propia iniciativa de ley del Estado de Sinaloa).

Pero la aprobación y entrada de vigencia de la ley tras ser publicada en el Diario Oficial abrirá un valioso reducto a la ciudadanía para vigilar, en un ámbito de cotidianeidad, a toda clase de funcionarios y servidores públicos que maniobran tras los muros de verdaderos búnker. Como lo comentó Luis Carlos Ugalde, catedrático del CIDE, en el marco de la Conferencia “México Contra la Corrupción” organizada por el CIDE, el Banco Mundial y la SECODAM “...es necesario que el Gobierno se transparente, que se vuelva una pecera en la que podamos ver cómo nadan todos los peces, gordos o flacos...”, para señalar que la ley en ciernes cambiará radicalmente la lógica del juego al transferir la responsabilidad de detectar y vigilar que ejerce el gobierno sobre la sociedad: “...(ahora) cualquier funcionario público sabrá que está siendo potencialmente vigilado por toda la sociedad. El hecho de saber que la información que posee puede ser requerida, puede disuadir actos futuros de corrupción”.

Con dicho instrumento jurídico el Ser Social, como el mediático ‘Juan Ciudadano’, se volverá un potencial contralor del Poder Ejecutivo, en todas sus ramificaciones incluyendo los ramales periféricos. Se tendrá conocimiento de los salarios y bonos percibidos por los servidores públicos, de su ‘background’ profesional y político, de los contratos públicos y de las licitaciones en juego, del historial de las empresas involucradas destacando las redes que conforman el ‘tráfico de influencias’, de los más recónditos trámites y gestiones que propician corrupción, de las compras realizadas por instancias gubernamentales, de las cotizaciones ofrecidas por los proveedores (una mínima parte se exhibe en ‘Compranet’, la página que la SECODAM promueve a través de Internet), de las partidas asignadas, en detalle, a diferentes programas y dependencias públicas, de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación, de los herméticos archivos de instancias de seguridad pública (el CISEN, por ejemplo) y de miles o millones de ítems (datos) que actualmente forman parte de la ‘Hermenéutica Foxiana’, a la cual solo tienen acceso los elegidos por gracia del Señor (el que despacha en Los Pinos).

Muchos, pero muchos, serán los beneficios concedidos por la aún celestial ‘Ley de Acceso a la Información Pública’ si ésta transgrede, por acción de los legisladores, la dimensión de la retórica partidista, de las ideologías neocapitalistas y del simulacro foxiano para ascender al espacio de la realidad social, el verdadero espacio donde se define a la polisémica democracia aun en estado de ‘stand by’ o como diría Beckett: “Esperando a Godot”.      

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